Las empresas gestoras de residuos electrónicos invierten en nuevas plantas y abren líneas de negocio para reciclar paneles solares o baterías

Cuatro trabajadores con mono, gafas, cascos y mascarillas desmantelan a mano móviles, datáfonos y unas CPU (unidad central de procesamiento de un ordenador). Huele a goma quemada y el ruido es ensordecedor. Algo habitual en una planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y pilas. En Recyberica Ambiental, una instalación de 15.600 metros cuadrados en el polígono industrial Casablanca, en Torrejón de Ardoz, a media hora de Madrid, la jornada es frenética. El trajín de camiones, carretillas y de excavadoras garra no para. Tampoco el crujido de las máquinas trituradoras.

La basura electrónica no para de crecer. Esta empresa creada en 2006 y que prevé gestionar 20.000 toneladas de desechos este año, 3.300 más que en 2024, comenzó tratando –y aún lo hace– televisores y lámparas antiguas, con polvo de fósforo y mercurio en su interior, respectivamente. Hoy, el residuo estrella es el de informática, electrónica y telecomunicaciones. Pero, a medio-largo plazo, los paneles solares serán los protagonistas (un negocio pendiente de su industrialización), al igual que drones, vapeadores y baterías de litio –un metal inflamable y explosivo–.

Esta compañía, que facturó 13 millones de euros en 2024 y que es una de las 80 instalaciones con las que trabaja Recyclia –la mayor plataforma de gestión de reciclaje de RAEE y pilas, con 3.583 empresas adheridas–, invertirá unos tres millones en una nueva línea de tratamiento de placas fotovoltaicas, cuyo funcionamiento se espera en dos años. “En el futuro trataremos materiales estratégicos”, reconoce Fermín Rodríguez Córdoba, director general de la firma, en una visita de prensa.

Un tercio de las 400.000 toneladas de desechos que se generan en España se trata de forma ilegal

No es la única gestora que se embarca en nuevos proyectos no solo por el auge, que ven como una oportunidad de negocio, sino también ante el mandato europeo de recuperar materias primas críticas. Ilunion Economía Circular, del Grupo Social Once, con 15 años en el área y especializada en el tratamiento de frigoríficos, cerró este año una alianza con las chinas EFT-Systems y Botree para abrir a finales de 2026 o en el primer trimestre de 2027 una planta de reciclaje de baterías de litio-ferrofosfato (LFP) en Boecillo (Valladolid).

Y será la primera en España que realice el proceso completo, ya que las iniciativas en marcha se centran en la separación y desmantelamiento hasta la black mass o masa negra con los metales para su posterior tratamiento en el exterior. Aunque solo incluirá las de química LFP, no las de NMC, porque hay ya otros consorcios que lo harán, justifican. La inversión no ha sido desvelada; prevén crear 40 puestos directos.

En la actualidad, hay entre 10 y 15 plantas que están implementando o poniendo en funcionamiento nuevas soluciones de tratamiento, confirman desde Recyclia. “Aproximadamente, el 50% y el 75% de estos proyectos están relacionados con baterías o paneles fotovoltaicos, el resto se centra en distintas fracciones de RAEE”, detallan.

El objetivo de reciclaje en la Unión Europea es del 65%, pero solo se alcanza el 40% de media

Pese al atractivo, los desafíos se acumulan. “Un tercio de las 350.000-400.000 toneladas de residuos que se gestionan en total en España se trata de forma ilegal, en lugares inadecuados”, revela Rodríguez Córdoba. Una problemática que se suma también a las bajas tasas aún de reciclaje y reutilización.

En Europa, de los 14,4 millones de toneladas de equipos que los fabricantes pusieron en el mercado en los tres años anteriores a 2022, un alza del 89,3% respecto a 2012, apenas el 28% fue reciclado y reutilizado –ver gráfico–, de acuerdo con las últimas cifras de la oficina europea de estadística Eurostat. En España, según Recyclia, la tasa recogida es del 47,8%, por encima de la media europea (40%). En cuanto a pilas y baterías, se llega también el 50% marcado.

Sin embargo, la directiva europea de RAEE endureció la meta del 45% al 65% a partir de 2019. Bulgaria, Letonia y Eslovaquia son los únicos países que han logrado este nuevo objetivo, recoge dicho organismo. En el área de pilas y baterías también se han fijado unas tasas más ambiciosas. “El nuevo reglamento europeo, ya en vigor, establece que deberá recogerse el menos el 63% en peso de las baterías portátiles puestas en el mercado, porcentaje que se elevará al 73% en 2030. Y a partir de 2031, las de vehículos eléctricos e industriales deberán incorporar un contenido mínimo obligatorio de materiales reciclados en su composición”, apunta Gabriel García, director general de Recyclia, quien advierte de que el sector está en un momento de profundos cambios, con un calendario muy exigente desde el punto de vista regulatorio.

Novedades

La puesta en marcha hace ocho meses de la plataforma electrónica de gestión es la novedad más reciente. Implica el registro de productores, distribuidores, gestores y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), explica García, y ya cuenta con 800 usuarios y 450 empresas. “El objetivo de esta herramienta, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica, es garantizar la trazabilidad y el control de los flujos de residuos, clave para avanzar en la transparencia y en la lucha contra la gestión irregular”, agrega.

Otra, pero a largo plazo, es la implantación progresiva del pasaporte digital del producto, que, según el directivo de Recyclia, transformará la forma en la que se comparte la información a lo largo de toda de la cadena de valor. “El primer segmento en estrenarlo será previsiblemente el de baterías de vehículos eléctricos industriales de más de 2 kilovatios hora (kWh) y el de los ligeros como bicicletas eléctricas o e-scooters; el reglamento europeo establece su obligatoriedad desde 2027”, señala. En el caso de los RAEE, entre 2025-2030, será prioritaria su incorporación en los pequeños aparatos de informática y telecomunicaciones. No obstante, García cree que en breve la exigencia se extenderá a las demás categorías.

El sector está pendiente también de si la Comisión Europea, a más tardar en diciembre de 2026, presenta una propuesta legislativa, quizás en forma de reglamento, para revisar en profundidad la actual normativa de aparatos eléctricos y electrónicos. O la ley europea de materias primas críticas, que fija para 2030 que al menos un 25% del consumo anual de estos materiales proceda del reciclaje. “Son exigencias que requieren tiempo, financiación y cooperación público-privada, pero que a la vez abren una ventana para reforzar la competitividad europea”, alerta.

Otros desafíos

La capacidad total de tratamiento de Recyberica, con unos 80 empleados, es de 30.000 toneladas al año. Cuenta con una línea de pilas, lámparas, televisores de pantalla plana, aires acondicionados... Incluso, gestiona equipos médicos, como los de diálisis o resonancia magnética, que se descontaminan en el hospital o por el propio fabricante antes de llegar la planta, o escáneres de aeropuertos.

En resumen, los residuos se etiquetan y se pesan al entrar en la instalación. Después, se hace una primera clasificación y descontaminación para su posterior tratamiento primario. Una vez se descarta por completo la presencia de sustancias peligrosas, se pasa a la secundaria (trituración, separación y cribas). Finalmente, se pesan las fracciones para su venta en el mercado (acerías, etc.) o envío a gestores especializados dentro o fuera del país según su tipología. El porcentaje de valorización, recuperación del hierro, cobre, aluminio, vidrio o plástico, es del 80%- 85%, afirman. Telefónica, Iberdrola, ArcelorMittal, Ericsson, Panasonic, IBM, Samsung o HP son algunos de sus clientes.

Los fabricantes tienen la obligación de financiar el reciclaje y lo repercuten al consumidor

Los fabricantes tienen la obligación de financiar el proceso y lo hacen mediante sistemas colectivos o individuales, un coste que se traslada también al consumidor en el precio. Pero es laborioso, admiten los gestores, la recogida está sujeta a controles técnicos, normativos, de seguridad y calidad. Y muchas veces, el material recuperado, que depende de los vaivenes de la cotización de las materias primas, se vende por debajo del gasto asumido o no hay mercado y tienen que llevarlo fuera, con el riesgo de que se abarate su valor, lamentan. Por ejemplo, los metales preciosos (oro o plata) son más rentables que el cobre, el aluminio o el hierro, dicen.

Tampoco ayuda la fragmentación institucional y operativa: múltiples actores con modelos distintos encarecen la actividad; los fallos en la circularidad del diseño: dispositivos con obsolescencia programada; y la falta de incentivos a la reutilización –“impulsar la economía de reparación y piezas”– y al mercado de segunda mano, advierte Miguel Aguado, profesor del Máster de Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea. De ahí que con las directivas desplegadas, como la de reparación de bienes o la de ecodiseño y la actualización de la propia regulación del sector, se esperen avances en esta dirección. La capacitación es también otro reto que apunta Aguado.

Arturo Coto, jefe de planta de Recyberica, añade también como freno la excesiva burocracia y el absentismo laboral en un negocio intensivo en mano de obra, ya que la mayor parte del trabajo se hace de forma manual.